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Cargos de interconexión enfrentan a Claro con Tigo y Movistar

La novela de los cargos de interconexión, el valor por minuto que se pagan entre los operadores cuando una llamada de un cliente suyo termina en la red de otro competidor, sigue siendo un dolor de cabeza.

Movistar y Tigo han denunciado que Claro no está pagando lo que la regulación al respecto le obliga. Para ambos operadores, existe un cobro asimétrico a su favor vigente que Claro no ha asumido desde enero a la fecha, el cual quedó consagrado en la regulación 4660 del 30 de diciembre de 2014.

Claro, por su parte, señaló que siempre ha sido una empresa respetuosa de las normas y leyes colombianas. Por ello, con un análisis de juristas expertos y apegados a lo consagrado en las regulaciones particulares en su contra y frente a la nueva de diciembre pasado, señala que tal cobro asimétrico culminó, por lo cual sigue pagando cumplidamente la interconexión sin factor desigual. La empresa mexicana señaló que en repetidas ocasiones, desde mediados del año pasado, solicitó a la CRC información sobre este tema, alertando sobre la necesidad de instaurar un proceso de análisis y revisión del mercado para determinar con argumentos, como se hizo en el 2012, si se debía mantener o no la asimetría.

Tal medida particular contra Claro la tomó la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, en 2012, tras analizar el mercado y encontrar que la posición de dominio de la empresa mexicana era una amenaza para la estabilidad de sus competidores y de las condiciones de servicio para los usuarios.

El resultado de ese proceso fue una regulación particular contra Claro, contenida en dos regulaciones de la CRC, que le obligaba a pagarle más a Tigo y Movistar por cada minuto de voz que sus usuarios hicieran a sus redes. Igualmente, le prohibió al operador dominante tener tarifas diferenciales para las llamadas entre su red versus el costo del minuto hacia otras redes.

Según la CRC, esta medida ha traído impactos positivos al sector. Por un lado se logró reducir la concentración de clientes y mercado de voz de Claro; también generó una baja en los costos tarifarios de llamadas móviles, del 19 por ciento, y por tal efecto un traslado de beneficios económicos por 535.000 millones de pesos a los clientes de telefonía móvil en todo el país.

El término de dicha norma se contempló por dos años, culminando a diciembre 31 pasado. No obstante, el 30 de diciembre la CRC emitió una nueva regulación, esta vez de carácter general, en la que reorganizó los términos de los cargos de interconexión.

Y es ese articulado el motivo de la discordia: para Tigo y Movistar, la asimetría en los cargos de interconexión no se modificó ni se eliminó. Para Claro, por el contrario, dicha medida culminó el 31 de diciembre, pues en su concepto una medida general no puede modificar una acción particular, como la que les impuso el pago diferencial a sus competidores.

Por tanto, esta empresa dejó de pagar el valor diferencial de interconexión a sus competidores que, según la tabla de asimetría, debía ser de 32,88 pesos por minuto de Claro a Movistar y Tigo; y de 19,1 pesos de ellos a Claro por cada minuto durante todo el 2015.

El operador mexicano, cabe aclarar, sí ha pagado los costos de interconexión, sin asimetría, para los meses causados, por valor de 795 millones de pesos a Movistar y de 1.409 millones de pesos a Tigo, por el periodo de enero. Todos los meses se surte un proceso de conciliación de tráfico entre los operadores, sobre el cual se calcula estos pagos de interconexión.

“Nos sorprende lo que ha hecho Claro. Es una forma cómoda de interpretar y desconocer las normas que todos debemos cumplir, factor que además le genera una ventaja competitiva desleal”, afirmó Alfonso Gómez, presidente del grupo Telefónica.

“Es la típica actitud de abuso que siempre ha tenido el operador dominante, la cual hemos visto en muchos otros casos. La pregunta acá es hasta cuándo tenemos que aguantar todos, industria, regulador y clientes, este tipo de situaciones”, señaló por su parte Esteban Iriarte, presidente de Tigo Une.

Ambos ejecutivos coincidieron en señalar que las normas particulares y generales, que contemplan la asimetría de los cargos, se mantienen vigentes en las regulaciones particulares y generales del tema y que la regulación de diciembre lo que hizo fue reacomodar los pagos por minuto de interconexión hasta el 2017 “pero nunca desmontó la asimetría”, insisten.

Claro responde

Por su parte, para Claro, “la regulación de los cargos asimétricos terminó el 31 de diciembre de 2014 tal y como consta en las resoluciones 4002 y 4050 de 2012”, señaló en un comunicado público. Según la empresa, la última regulación “determina cargos asimétricos únicamente para los operadores móviles entrantes (Avantel, ETB, etc.)”. La compañía sostiene que así se desprende, además, de análisis jurídicos a la norma hechos por expertos como Carlos Gustavo Arrieta y Jaime Córdoba Triviño, entre otros.

Abogados expertos le dijeron a EL TIEMPO que si bien el argumento de Claro no es fuerte, pues la regulación general como está no desmonta la asimetría, “sí se debió ejecutar un análisis de las condiciones actuales de mercado para revisar si procedía o no la continuidad de la misma. Esto se conoce como una reclamación por decaimiento del acto administrativo”. En tal sentido, dicen los expertos, el regulador incurrió en una situación no debida, saltándose el proceso indicado, pues la falla del mercado sobre la cual se calculó la asimetría debe ser analizada nuevamente, antes de emitir una regulación, general o particular, nueva al respecto.

En ese mismo sentido, el operador reveló que le ha pedido a la CRC, incluso a mediados del año pasado, que definiera con claridad si se mantenía o no la asimetría "y que en dado caso se hicieran los estudios y análisis que ordenan las normas para la implementación de una medida particular", afirmaron voceros de Claro.

Ante la situación, Tigo y Movistar instauraron procesos de reclamación ante la CRC y el Ministerio de las TIC, así como una demanda por competencia desleal contra Claro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Expertos jurídicos calculan que en 45 días la CRC debe emitir un concepto al respecto y aclarar al sector si la asimetría está o no en vigencia.

“Nosotros buscamos que la CRC sea específica y clara. Entendemos que una medida particular no puede ser modificada con una general como se está pretendiendo hacer. Además, los hechos que llevaron a la imposición de ese pago diferencial han cambiado y deben ser revisados, como lo ordena la ley”, puntualizaron voceros del operador mexicano.